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El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos.
Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.
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