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La Agencia Española de Protección de Datos acaba de sancionar a la Delegación de Pontevedra de la Consellería de Educación por revelar datos de salud y un informe de escolarización de una menor con discapacidad de Catoira, según informó ayer el abogado del Defensor del Paciente, Cipriano Castreje.
Los hechos por los que se sanciona a la Delegación Provincial de Educación, y que Protección de Datos cataloga como una “infracción muy grave”, se remontan a agosto de 2008, durante la etapa del gobierno bipartito en la Xunta, cuando los medios de comunicación gallegos publicaron datos de salud relativos a la hija menor de edad de la denunciante, la madre de la pequeña Mónica Sumay. Una información que “sólo pudo ser obtenida de fuentes procedentes de la propia Consellería”.
