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Un fallo de seguridad en un servicio online del Servicio Público de Empleo Estatal permitía acceder a datos privados de varios millones de ciudadanos españoles. Para explotarlo sólo era necesario conocer el número de DNI de la víctima.
El error no fue corregido a pesar de ser puesto de manifiesto en sede judicial; tuvo que intervenir la Agencia Española de Protección de Datos para que, tras más de un año, subsanaran el fallo de seguridad.
