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Ya está. Hoy en la Junta General socialistas e IU-BA-LV unirán sus votos para aprobar dos normas dedicadas a los funcionarios y trabajadores del Principado. Han sido diseñadas para impedir que el Tribunal Supremo suspenda el plus de la carrera profesional, un complemento de hasta 216 euros mensuales del que se benefician 14.000 empleados públicos del Principado.
El pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró este sistema «anulable» por carecer de normas con rango de ley que lo respalden. La ejecución de esa sentencia quedó en suspenso a la espera de que el Supremo la revisara. Ahora, antes de que el Alto Tribunal haya podido ratificar ese vacío legal, el Principado va a conseguir llenarlo mediante las llamadas Ley de Evaluación de la Función Docente y la modificación la reforma de la Ley de Función Pública. «Son dos leyes que van a dar estabilidad jurídica a los incentivos económicos que perciben los empleados públicos», subrayó ayer la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Los emolumentos están «ligados a procesos de mejora de la prestación de los servicios que se da a los ciudadanos», agregó.
