La Vanguardia
En el Ayuntamiento de Barcelona, bajo el epígrafe de informes y estudios técnicos (código 227/06), cabe prácticamente todo. Se trata de un gran cajón de sastre con capacidad para contener todo tipo de estudios encargados a empresas o personas sin vinculación profesional directa con la administración municipal. La gran mayoría de ellos son impecables y muchos hasta resultan necesarios, imprescindibles para definir un proyecto o para que el Ayuntamiento dé respuesta a las demandas cada vez más numerosas, complejas y sofisticadas a las que han de hacer frente los gestores de la institución.
Sin embargo, en algunos casos el encargo de estos trabajos levanta un tufo de sospecha sobre su utilidad, sobre la calidad y seriedad de sus contenidos o sobre los destinatarios de tanta generosidad por parte del Ayuntamiento barcelonés a la hora de pagar a quienes colaboran de forma estable o esporádica con la Casa Gran de la capital catalana. Es entonces cuando el cajón de sastre de los informes municipales se convierte en un auténtico cajón desastre que, en tiempos de crisis, pone en entredicho la eficacia de los gestores de lo público para administrar unos recursos que siempre, y ahora más que nunca, son escasos.
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